Conclusiones

Si bien los infomediarios, y la reutilización de la información, existen desde antes de la Directiva Comunitaria, tanto ésta como la Ley 37/2007 asientan las bases para que esta actividad se lleve a cabo de una manera regulada, asegurando la colaboración de las Administraciones Públicas con el sector privado.

Sin embargo, el gran caballo de batalla de las empresas dedicadas a la venta de información, no han sido tanto las Administraciones como las limitaciones e interpretaciones, cada vez más severas, de la AEPD en materia de protección de datos personales:

Lo que antes era un dato corporativo, como un email, ahora es considerado un dato personal dependiendo del objeto de la comunicación, continúa la brecha de la dualidad de los autónomos como personas físicas y jurídicas, dependiendo del ámbito de la información, y las nuevas directivas anunciadas por la UE eliminarán las fuentes públicas de información como excepciones de consentimiento a la recogida de datos personales (publicaciones en Boletines Oficiales).

Todo esto choca con iniciativas de apertura de datos y la oferta del BOE, el BORM  y el BOPI en formatos electrónicos accesibles, ya que está sujetos a la interpretación de la AEPD, que consultada al respecto, se limita a decir que la norma es ponderar el interés legítimo del infomediario contra los derechos del titular de la información, lo cual empaña una potente iniciativa con la sombra de la inseguridad jurídica.

El nuevo criterio de disociación de la AEPD tampoco ha hecho por mejorar la situación, ya que prácticamente es imposible asegurar que ningún registro podrá asociarse a un titular si combinamos la fuente con cualquier número de sistemas de información adicionales.

Por otro lado, la Ley, al desarrollar los artículos en los que detalla los mecanismos de solicitud de datos a la Administración, invita a una especie de “Hágalo usted mismo”, cuando los infomediarios soñaban con enormes directorios de información pública de descarga gratuita.

Aún así, los volúmenes de facturación de las empresas crecen cada año a un ritmo sorprendente, principalmente por la contribución de la Administración General y los ayuntamientos de las emergentes Smart Cities, cumpliéndose el objetivo de la UE de generación de empleo y riqueza.